- Jueves, 28 Febrero 2013
Gobierno pierde $1.700 mlls por evasión fiscal; lucha contra el hambre necesita $1.480 mlls.
Por Roberto Flores
SAN SALVADOR- Los esfuerzos para erradicar el hambre en El Salvador están perdiendo recursos por culpa de la evasión fiscal. Así lo ha considerado un estudio que señala a los contribuyentes irresponsables como los culpables por las pérdidas anuales $1.700 millones en las arcas del Estado, cantidad que cubriría la inversión por año que el Gobierno necesita para erradicar el hambre del país: $1.480 millones.
El estudio ha sido presentado este miércoles por sus autores, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y Christian Aid, una organización no gubernamental con presencia internacional en la lucha contra la pobreza, y también pone en la mira a otra práctica fiscal que genera críticas: la elusión, que permite de forma legal el no pago de impuestos.
Los datos que han llevado a señalar el contraste entre los niveles de evasión y elusión y las necesidades financieras para erradicar el hambre, fueron tomados de estudios hechos por el gobierno en el sector salud y en la hacienda pública.
El escenario de la seguridad alimentaria en el país no es el mejor: el documento sostiene que en El Salvador, el número de salvadoreños y salvadoreñas que experimenta problemas para resolver adecuadamente sus necesidades alimentarias asciende a cerca de 960.000 personas.
Es el mismo número de hombres y mujeres, niños y niñas, que en el país viven en condiciones de pobreza extrema, catalogada así por las dificultades que tienen las personas que la sufren al momento de acceder a los productos de la Canasta Básica, que contempla, entre otros, 11 alimentos esenciales para el desarrollo pleno.
La falta de una nutrición adecuada les ha pasado factura a estos salvadoreños y salvadoreñas. Un informe presentado en 2011 por el Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, reveló que 19.2% de los niños y niñas del país de seis meses a cinco años de vida sufre de desnutrición.
La investigación de FESPAD y Christian Aid retoma otro dato preocupante: un 38% de los infantes de entre 6 meses a 2 años ha sido diagnosticado con anemia (el problema más común en materia de nutrición en el mundo), según un estudio del Banco Mundial publicado en 2012.
De acuerdo a Cesar Villalona, economista que capitaneó el estudio, los datos sobre seguridad alimentaria en El Salvador son el reflejo del deterioro que ha sufrido en los últimos años el empleo, restringiendo los ingresos para estas personas, y la dependencia de los alimentos producidos en el exterior, en escalada desde el abandono del agro nacional.
Recuperar este último sector, trayendo consigo la generación de más y mejores empleos, precisa de una elevada inversión pública, asegura el economista.
La investigación que dirigió arroja un estimado del monto que haría falta para revertir el daño: $1.480 anuales, durante cinco años, para poder recuperar el dinamismo del agro y superar las carencias sociales de la población, ligadas también a las causas del hambre. Es una cifra bastante superior a los poco más de $800 millones que el gobierno destinó en 2012 para la inversión social.
“¿Es factible conseguir es dinero? Creemos que sí, porque hay una evasión de impuestos que según el propio gobierno de la República supera los $1.700 millones”, ha asegurado Villalona.
Ese es el trasfondo del hambre en el país, según el economista: la concentración de la riqueza, expresada en este caso en la política fiscal de un país en donde la evasión y elusión aún son prácticas recurrentes.
Villalona basa sus afirmaciones en los datos del gobierno, citados de una publicación de la Secretaría Técnica de la Presidencia, que estiman que para 2010 la tasa de evasión fiscal rondó el 35%, equivalente a $1.719 millones si se toma como referencia la recaudación tributaria de 2011, que ascendió a $3.193.3 millones.
“También hay leyes que no permiten que ingresen impuestos de las empresas (elusión) por $1.200 millones”, asegura el economista.
Esas leyes, según el estudio, son 26, algunas de ellas vitales en la relación de los empresarios con el Ejecutivo: la Ley de Zonas Francas, la Ley de Comercialización, entre otras.
Tocar esas leyes no es sencillo, y Villalona lo sabe. “No proponemos eliminarlas, hay que estudiar esas leyes, porque si las eliminamos podría generarnos un problema de competitividad, porque los regímenes de zonas francas, por ejemplo, no solo existen aquí sino en todo Centroamérica”, advierte.
Pero con la evasión no hay excusa, asegura. El estudio que lideró señala que “si el gobierno redujera en un 65% la evasión de impuestos, obtendría el 75% de los recursos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación adecuada”.
Al combate contra la evasión y elusión, los autores de la investigación añaden un pliego de reformas tributarias, una de las cuales buscarían incrementar el porcentaje que las empresas pagan por el Impuesto Sobre la Renta, tributo que ya generó debates entre empresarios y gobierno cuando fue ajustado hace dos años.
Pese a ello, ajustar las finanzas públicas para superar el hambre no debe de ser algo sujeto a debate, asegura Villalona. “O apoyamos la pequeña producción campesina para ser autosuficiente en el arroz, en el maíz, frijol y hortalizas; o decidimos que los importadores de alimentos sean los que sigan haciendo negocio”, ha dicho.
El documento presentado por FESPAD y Christian Aid forma parte de una campaña realizada en varios países del mundo, entre ellos El Salvador, India y Ghana; en la que se pretende alertar sobre la situación del hambre en la población mundial en contraste con las altas tasas de evasión y elusión fiscal de las compañías multinacionales.
El estudio será presentado en la próxima Cumbre del G8 (las ocho potencias más industrializadas del mundo), a celebrarse en junio próximo en el Reino Unido. www.contrapunto.com.sv