- Jueves, 28 Febrero 2013
Gobierno pierde $1.700 mlls por evasión fiscal; lucha contra el hambre necesita $1.480 mlls.
Por Roberto Flores
SAN SALVADOR- Los esfuerzos para erradicar el hambre en El Salvador están perdiendo recursos por culpa de la evasión fiscal. Así lo ha considerado un estudio que señala a los contribuyentes irresponsables como los culpables por las pérdidas anuales $1.700 millones en las arcas del Estado, cantidad que cubriría la inversión por año que el Gobierno necesita para erradicar el hambre del país: $1.480 millones.
El estudio ha sido presentado este miércoles por sus autores, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y Christian Aid, una organización no gubernamental con presencia internacional en la lucha contra la pobreza, y también pone en la mira a otra práctica fiscal que genera críticas: la elusión, que permite de forma legal el no pago de impuestos.
Los datos que han llevado a señalar el contraste entre los niveles de evasión y elusión y las necesidades financieras para erradicar el hambre, fueron tomados de estudios hechos por el gobierno en el sector salud y en la hacienda pública.
El escenario de la seguridad alimentaria en el país no es el mejor: el documento sostiene que en El Salvador, el número de salvadoreños y salvadoreñas que experimenta problemas para resolver adecuadamente sus necesidades alimentarias asciende a cerca de 960.000 personas.
Es el mismo número de hombres y mujeres, niños y niñas, que en el país viven en condiciones de pobreza extrema, catalogada así por las dificultades que tienen las personas que la sufren al momento de acceder a los productos de la Canasta Básica, que contempla, entre otros, 11 alimentos esenciales para el desarrollo pleno.
La falta de una nutrición adecuada les ha pasado factura a estos salvadoreños y salvadoreñas. Un informe presentado en 2011 por el Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, reveló que 19.2% de los niños y niñas del país de seis meses a cinco años de vida sufre de desnutrición.
La investigación de FESPAD y Christian Aid retoma otro dato preocupante: un 38% de los infantes de entre 6 meses a 2 años ha sido diagnosticado con anemia (el problema más común en materia de nutrición en el mundo), según un estudio del Banco Mundial publicado en 2012.
De acuerdo a Cesar Villalona, economista que capitaneó el estudio, los datos sobre seguridad alimentaria en El Salvador son el reflejo del deterioro que ha sufrido en los últimos años el empleo, restringiendo los ingresos para estas personas, y la dependencia de los alimentos producidos en el exterior, en escalada desde el abandono del agro nacional.
Recuperar este último sector, trayendo consigo la generación de más y mejores empleos, precisa de una elevada inversión pública, asegura el economista.
La investigación que dirigió arroja un estimado del monto que haría falta para revertir el daño: $1.480 anuales, durante cinco años, para poder recuperar el dinamismo del agro y superar las carencias sociales de la población, ligadas también a las causas del hambre. Es una cifra bastante superior a los poco más de $800 millones que el gobierno destinó en 2012 para la inversión social.
“¿Es factible conseguir es dinero? Creemos que sí, porque hay una evasión de impuestos que según el propio gobierno de la República supera los $1.700 millones”, ha asegurado Villalona.
Ese es el trasfondo del hambre en el país, según el economista: la concentración de la riqueza, expresada en este caso en la política fiscal de un país en donde la evasión y elusión aún son prácticas recurrentes.
Villalona basa sus afirmaciones en los datos del gobierno, citados de una publicación de la Secretaría Técnica de la Presidencia, que estiman que para 2010 la tasa de evasión fiscal rondó el 35%, equivalente a $1.719 millones si se toma como referencia la recaudación tributaria de 2011, que ascendió a $3.193.3 millones.
“También hay leyes que no permiten que ingresen impuestos de las empresas (elusión) por $1.200 millones”, asegura el economista.
Esas leyes, según el estudio, son 26, algunas de ellas vitales en la relación de los empresarios con el Ejecutivo: la Ley de Zonas Francas, la Ley de Comercialización, entre otras.
Tocar esas leyes no es sencillo, y Villalona lo sabe. “No proponemos eliminarlas, hay que estudiar esas leyes, porque si las eliminamos podría generarnos un problema de competitividad, porque los regímenes de zonas francas, por ejemplo, no solo existen aquí sino en todo Centroamérica”, advierte.
Pero con la evasión no hay excusa, asegura. El estudio que lideró señala que “si el gobierno redujera en un 65% la evasión de impuestos, obtendría el 75% de los recursos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación adecuada”.
Al combate contra la evasión y elusión, los autores de la investigación añaden un pliego de reformas tributarias, una de las cuales buscarían incrementar el porcentaje que las empresas pagan por el Impuesto Sobre la Renta, tributo que ya generó debates entre empresarios y gobierno cuando fue ajustado hace dos años.
Pese a ello, ajustar las finanzas públicas para superar el hambre no debe de ser algo sujeto a debate, asegura Villalona. “O apoyamos la pequeña producción campesina para ser autosuficiente en el arroz, en el maíz, frijol y hortalizas; o decidimos que los importadores de alimentos sean los que sigan haciendo negocio”, ha dicho.
El documento presentado por FESPAD y Christian Aid forma parte de una campaña realizada en varios países del mundo, entre ellos El Salvador, India y Ghana; en la que se pretende alertar sobre la situación del hambre en la población mundial en contraste con las altas tasas de evasión y elusión fiscal de las compañías multinacionales.
El estudio será presentado en la próxima Cumbre del G8 (las ocho potencias más industrializadas del mundo), a celebrarse en junio próximo en el Reino Unido. www.contrapunto.com.sv
ResponderEliminarPeticiones de exención
La que motivo el estudio de la USAP fueron las numerosas peticiones de exenciones de impuestos que llegan a la Asamblea Legislativa.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y diputada del FMLN, Lorena Peña, dijo que muchas sectores no tienen conciencia del impacto en las finanzas públicas las exenciones.
“Por ejemplo, el sector de las bebidas no carbonatadas no quieren pagar el impuesto que tienen; otros no quieren pagar el pago a cuenta; otros no quieren que se pague la seguridad privada. Son una serie de demandas que tienen un impacto negativo en el fisco, porque estos (las empresas) no le perdonan a la gente el pago del IVA. Hay que promover el equilibro de los impuestos”, subrayó la parlamentaria de izquierda.
Según el artículo 131 de la Constitución de la República, numeral 11, una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “decretar, de una manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios”.
El diputado por CD, Douglas Avilés, afirmó que a la Comisión llegan músicos nacionales e internacionales a pedir exenciones de impuestos, también, instituciones de diversas índoles.
“Sentimos que hay un abuso. Se ha convertido en una práctica que no le permite al fisco obtener recursos”, indicó el parlamentario de centroizquierda.
Avilés aseguró que la Asamblea está en disponible a ser caritativa en los casos que lo ameritan, pero, las instituciones tienen que ser conscientes de lo delicado que es pedir exenciones.
La USAP recomendó que en los Ministerios de Hacienda o Economía se cree una unidad que le de seguimiento a los incentivos fiscales, porque las empresas han tenido rentabilidad, pero, no alcanzaron los objetivos de política pública que originaron la medida.
El estudio de la USAP surge en momentos de un intenso debate de un pacto fiscal, el cual, las organizaciones sociales, y el Gobierno quieren que se discuta en el Consejo Económico Social (CES).
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) pide que el tema no se trate en el órgano consultivo, ni mucho menos discutir sobre la implementación y modificación de impuestos.
La gremial quiere una mesa tripartita entre ellos, el Ejecutivo y los partidos políticos, para lograr el pacto fiscal.
RENTA PERDIDA POR DEDUCCIONES, INCENTIVOS Y EXENSIONES FISCALES
2001 $296.49 millones
2002 $325.22 millones
2003 $334.76 millones
2004 $342.85 millones
2005 $357.36 millones
2006 $353.01 millones
2007 $372.03 millones
2008 $431.37 millones
$472.79 millones
IVA PERDIDO POR DEDUCCIONES, INCENTIVOS Y EXENSIONES FISCALES
2001 $716.43 millones
2002 $612.03 millones
2003 $634.01 millones
2004 $663.07 millones
2005 $625.98 millones
2006 $587.49 millones
2007 $578.98 millones
2008 $661.42 millones
2009 $670.52 millones
Tomado de Colatino
¿Pudiera alguien con trabajo duro, mucho esfuerzo y sacrificio ganar miles de millones de dólares en un país como El Salvador? De sólo pensarlo cuesta imaginarse a una empresa tan exitosa capaz de obtener esa riqueza y generar empleo.
ResponderEliminarPero, en el país existe un sector del empresariado que ganó $9 mil 35 millones de dólares de 2001 al 2009 al gozar de exenciones, deducciones e incentivos fiscales de los impuestos de la Renta y el IVA.
La Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto (USAP) de la Asamblea Legislativa realizó un estudio sobre este fenómeno, a petición de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, y descubrió que empresas dedicadas a nueve rubros de la economía gozaron del no pago de impuestos durante esos ocho años, originando el gasto tributario.
El gasto tributario son los ingresos que deja de percibir la Hacienda pública porque aplica incentivos fiscales, producto de reducción de tasas, períodos de pago o exenciones que de los impuestos se hace a un sector específico.
El grupo de las inversiones y las zonas francas son las más beneficiadas, ya que sólo en un año ambas entidades se les perdonaron $577.6 millones de dólares. El de las inversiones ascendió a $371.1 millones de dólares, equivalente a 1.7% del PIB; mientras que el de las zonas francas, donde está la maquila, fue de $206.5 millones de dólares, es decir, un 0.9% del PIB.
La USAP indica en el estudio que las exenciones fiscales son las que causan mayor pérdida de ingresos, provenientes de los impuestos y, como resultado de eso, la disponibilidad de dinero del Gobierno no es la mejor.
Se supone que con los incentivos, las excenciones y deducciones de los impuestos las empresas pueden aumentar las inversiones y generar empleos; sin embargo, el estudio indica que el nivel de empleo “no ha sufrido variación significativa durante los últimos diez años”.
Los números hablan por sí solos. En el 2000, las personas cotizantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) eran 577 mil 533; hasta octubre de 2010, eran 694 mil 97 personas.
El análisis de la USAP indica que los incentivos, las deducciones y las exenciones tiene como objetivo facilitar la ejecución de proyectos privados productivos y crear empleo sectorial, pero, datos del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el mecanismo no es exitoso, porque no se evidencia un “incremento sustancial” de la inversión privada.
Y es que la inversión pública sólo cubrió el déficit de la inversión privada cuando ocurrieron sucesos negativos como los daños ocasionados por los terremotos o las tormentas tropicales, que disminuyeron la inversión y afectaron la infraestructura.
Según la USAP, este comportamiento evidencia que el Gobierno dejó de percibir recursos y aumentó el endeudamiento público “para cubrir la demanda complementaria” del sector privado.
“Mientras, las empresas privadas ha utilizados los incentivos fiscales para continuar obteniendo rentabilidad y no para incrementar la inversión, como objetivo de las políticas públicas de desarrollo”, subraya el estudio de la USAP.
¿Qué permite a la gran empresa beneficiarse y obtener dinero del Gobierno, para dejarlo sin recursos suficientes? Un grupo de leyes de la República que facilitan la evasión fiscal.
Entres estas se encuentran la Ley de Zonas Francas e Industriales y de Comercialización; la de Turismo; la de Reactivación del Sector Agropecuario; la de Creación del Fondo del Milenio; la de Protección al Consumidor; la de Semillas; la del Fondo de Conservación Vial, entre otras que suman en total 26 cuerpos legales.
La USAP señala que jurídicamente el gasto tributario es permitido, aunque el costo es grande, debido a que con esos más de $9 mil millones de dólares se habría dotado de equipo y medicina a los hospitales nacionales, mejorado las escuelas y fortalecer los programas sociales gubernamentales.
Desde el año 2001 al 2009, el estado salvadoreño ha dejado de percibir 9 mil millones de dólares en concepto de impuestos, los cuales han sido evadidos por la gran empresa El tema de los impuestos ha iniciado un punto de discordia en el amorio del presente gobierno de Mauricio Funes y la ANEP. ¿Qué es lo que permite que la gran empresa se beneficie al obtener dinero del Gobierno, para dejarlo sin recursos suficientes? Un grupo de leyes de la República que facilitan la evasión fiscal; las cuales fueron creadas durante los regímenes del partido de ultraderecha ARENA, que han sido representantes y defensores de la gran empresa. El peso tributario que no se ha perdonado es el que recae sobre las espaldas del pueblo que paga impuestos por la comida y hasta por las remesas que los inmigrantes salvadoreños envían desde el exterior. Mientras tanto el gobierno salvadoreño ha iniciado discusiones sobre el tema, la ANEP se niega a participar en la mesa de negociasiones, para evadir las responsabilidades por el pago de impuestos; y piden no se discuta sobre la implementación y modificación de impuestos.
ResponderEliminarPor Daniel Trujillo